Por Jessica Ortega
Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano Morelos
La Alerta de Violencia de Género en Morelos se decretó el 10 de agosto de 2015, tras la presión de colectivas feministas y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que desde 2010 exigían este mecanismo, tras el incremento alarmante de feminicidios.
La declaratoria se estableció en Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco, Xochitepec, Yautepec, Emiliano Zapata y Puente de Ixtla. Incluyó medidas como órdenes de protección inmediatas, protocolos de investigación con perspectiva de género, capacitación a funcionarios, fortalecimiento de refugios, atención integral a víctimas, búsqueda de desaparecidas y campañas de prevención.
Las cifras confirman el fracaso. La Comisión Independiente de Derechos Humanos documentó 1,196 feminicidios entre 2000 y 2021, y para agosto de 2025 la cifra alcanzó 1,590 casos, con 2023 como el año más violento con 125 feminicidios. La violencia se ha extendido a 35 de los 36 municipios, incluso en territorios como Huitzilac y Xoxocotla que ni siquiera forman parte de la AVG.
A una década, el panorama es devastador. Los gobiernos han sido omisos y sin voluntad política para frenar la violencia feminicida. Ni siquiera contar con una mujer en la gubernatura ha representado un cambio sustantivo.
Las niñas, adolescentes y mujeres merecen un Estado que garantice justicia, instituciones que actúen con responsabilidad y comunidades donde puedan vivir libres, seguras y en paz.
