La llegada de Fredy Erazo a la Fiscalía de Puebla, con el encargo de poner orden en una institución marcada por señalamientos internos, ha desatado una serie de reacciones adversas desde grupos que habrían concentrado poder en meses recientes. En el entorno político se interpreta que la oposición a su eventual nombramiento como Fiscal General responde a la intención de frenar un relevo que implicaría cambios de fondo.
En ese contexto, han comenzado a circular denuncias y versiones en su contra, así como acciones legales atribuidas a actores que, según fuentes internas, buscan prolongar esquemas de control e impunidad. Trascendidos señalan que estas maniobras forman parte de una estrategia para deslegitimar su perfil antes de que avance el proceso institucional.
De manera paralela, versiones dentro del ámbito gubernamental apuntan a que los señalamientos contra la actual fiscal, Idamis Pastor, y su círculo cercano aceleraron la decisión de fortalecer áreas clave, como la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, donde Erazo ya tiene presencia. Para el gobierno estatal, el mensaje es claro: el proyecto requiere perfiles eficaces y alineados, capaces de ejecutar una política de orden y control institucional más allá de cargos y coyunturas.
